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Entrevista a Roberto Elissalde
Monitor TIC en LAC, 12/14/2005
Roberto Elissalde es asesor del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y fue uno de los integrantes de la delegación oficial en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI).
Monitor LAC: ¿Cree que los acuerdos alcanzados en la CMSI tendrán impacto en la mejora de acceso a la red en su país?
Roberto Elissalde: El impacto es indirecto. La CMSI nos ha servido para activar cambios con relación a las decisiones que hay que tomar en torno del acceso a las TIC. Ha significado también que se propicie la coordinación con los actores interesados. Ello ha generado nuevas formas de trabajo y articulación con la sociedad civil. Se debe caminar hacia un fortalecimiento de los vínculos y una coordinación orgánica, que debe enmarcarse en una comprensión integral de la brecha social y reflejarse en acciones que atiendan el problema en todas sus dimensiones. La brecha digital y tecnológica hace parte de esa brecha más compleja.
En Uruguay hay excelentes condiciones para asegurar un acceso masivo a la tecnología. Hay una férrea voluntad política por parte del gobierno. Una muestra de ello es la delegación uruguaya en la CMSI, integrada por actores de la sociedad civil y el gobierno, lo que constituye un indicativo de cómo se quieren hacer las cosas en el ámbito nacional. El Presidente de la República quiere darle al país un perfil más allá del agroindustrial y existe un gran potencial para lograrlo.
Monitor LAC: ¿Considera usted que los países de América Latina han tenido una voz real en el proceso de la Cumbre?
Roberto Elissalde: Nosotros estamos conformes con la participación de Uruguay. Mi país tiene una tradición en la búsqueda de consensos y ha usado esa estrategia para influir efectivamente sobre determinados procesos. Uruguay ha estado impulsando el acercamiento de posiciones. Durante la Prepcom3 de la segunda fase de la CMSI, en Ginebra, Uruguay estuvo buscando consensos, a pesar de la polarización de las posiciones. La habilitación de procesos de integración es importante para mi país. De una u otra manera, la decisión sobre la creación del Foro global de gobernanza de internet es un reflejo del consenso logrado.
Monitor LAC: ¿Piensa que ha habido posibilidades de participación efectiva de la sociedad civil y el sector privado en la CMSI?
Roberto Elissalde: En el caso de Uruguay se han dado avances fundamentales desde que el nuevo gobierno se posicionó en marzo de 2005. Se conformó, como ya se ha manifestado, una delegación con personas de organizaciones de sociedad civil que han trabajado mano a mano con los delegados de gobierno.
El gobierno, a través de la cancillería, hizo una convocatoria pública a todos los actores interesados en participar, conjuntamente con la delegación gubernamental, en el proceso de la CMSI. Diversos actores de sociedad civil mostraron su interés y voluntad política de trabajar a través de mecanismos multisectoriales. El sector privado no acudió a la convocatoria, tiene sus propios canales de participación.
Monitor LAC: ¿Cómo cree que afectarán los resultados de la Cumbre en la financiación de TIC para el desarrollo en su país?
Roberto Elissalde: El problema de las disparidades en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación es parte de la brecha social. En Uruguay, 56% de los niños nacen en hogares pobres. Si esta situación se mantiene, sin un proceso de integración social, se está dejando a toda una generación excluida en lo educativo, en lo laboral, en lo sanitario, en lo político, en lo relativo a la seguridad social, etc. Las TIC pueden facilitar ese proceso de integración social, potenciando la industria nacional de creación de software, introduciendo modalidades de capacitación y educación técnica en todos lo niveles de educación, entre otros aspectos. Lo importante es detener la fragmentación social y el acceso equitativo y masivo a la tecnología, no solo a la información y la comunicación. El gobierno prevee que la inserción de las TIC a las dinámicas de desarrollo nacional sea coherente y se enmarque en lo que hemos denominado el Plan de Emergencia, que apunta a asegurar mejores condiciones de educación, salud (incluida la salud bucal), vivienda y derechos sociales.
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