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Sociedad de la información y sociedad civil: algunas consideraciones en América Latina
Cornelio Hopmann - eNicaragua-AIN, 06/08/2006
Los dos términos del título no son definiciones, sino simples evocaciones vagas dentro de un universo difuso, de discursos también difusos, de modo que no creo que sea del caso aclararlo aquí. Tampoco pretendo analizar, en este artículo, las diversas definiciones, ni los intereses abiertos u ocultos detrás de definiciones e interpretaciones. El punto central de mis consideraciones es el manifiesto cambio de paradigmas de interacción que se expresan tanto en la Agenda de Túnez como en la evolución del Plan de Acción regional eLAC-2007, así como los desafíos que este cambio plantea a los actores y organizaciones de la sociedad civil en América Latina.
Discrepancias históricas
Para comenzar hay que revisar la historia del eLAC-2007, que nació a raíz del conjunto de proyectos @lis, financiado por la Unión Europea y ejecutado en el seno de la CEPAL, sin ser por ello una iniciativa de dicha organización. El sustento analítico de dicha iniciativa está plasmado en el texto “Estrategias Nacionales para la sociedad de la información en América Latina y el Caribe” de Martin Hilbert, Sebastián Bustos y João Carlos Ferraz (http://www.eclac.cl/id.asp?id=13815), publicado en su última versión en marzo de 2005. Cabe señalar que los estudios de campo fueron ejecutados en 2003, es decir, antes de culminar la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) en Ginebra. Esto explica ciertas discrepancias en cuanto a la metodología y los planteos del Plan de Acción de Ginebra y de la Agenda de Túnez por un lado, y del Plan de Acción eLAC-2007 por otro.
La discrepancia más importante se encuentra en el enfoque multisectorial (multi-stakeholder) de la CMSI y, más concretamente, en el enfoque aun más centrado en las acciones de los gobiernos que tiene del eLAC-2007. “Stakeholder” significa originalmente “participantes en juegos de apuestas”: tanto los apostadores como los que reciben las apuestas y reparten después las ganancias. En el contexto de la CMSI, la expresión se refiere a grupos de actores con capacidad real de incidencia, es decir gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones del sector privado, representantes de la Academia y de la sociedad civil. Así que el centro de atención son los “actores con incidencia” –con apuestas en juego-, pero eso no incluye automáticamente a todos los/as afectados/as de una u otra forma. Los campesinos/as, pequeños y micro-productores/as, empleados/as y obreros/as, consumidores/as, indígenas, mujeres, jóvenes, etc., sólo se tienen en cuenta si su grado de organización como grupos les permite tener algún poder de incidencia.
El enfoque de “Acción de los gobiernos” del eLAC-2007 explica en parte la evolución rápida de proyecto a plan regional, pues permitió que los gobiernos de ALC respondieran al desafío planteado en Ginebra sin salirse del marco tradicional de cómo hacer política. Así, el programa INFOLAC de UNESCO –un programa de gobiernos- se apropió de la propuesta del Plan Regional de Acción en Quito, en mayo de 2005, y la presentó en la Conferencia interministerial regional de Río de Janeiro. Allí se terminó de ajustar el eLAC-2007 y ello sustituyó, en cierta medida, el debate sobre los documentos preparatorios para la segunda fase de la CMSI a celebrarse en Túnez a fines de 2005. En Túnez, la región presentó el “Compromiso de Río” como su primer paso concreto hacia la sociedad de la información y al final, en la Reunión Ministerial que tuvo lugar en Lisboa en abril de 2006, la Unión Europea (UE) y ALC endosaron el eLAC-2007 como primer elemento de un programa contraparte al programa 2010 de la UE. Dicho plan se ratificó después durante la cumbre de jefes de Estado y gobierno UE-ALC en mayo de este año, en Viena. Cabe señalar que, tanto en Túnez como en Lisboa, las actividades vinculadas al eLAC-2007 aún no eran parte de la agenda oficial. En la XXXVI Asamblea de la OEA, el eLAC-2007 será todavía solamente un documento de entrada más, aunque ciertamente el borrador de la Declaración final retoma tácitamente muchos de sus elementos.
Desinterés de los gobiernos de ALC
La rapidez del proceso se debe al poco interés político que ha suscitado en la mayoría de los gobiernos de la región la temática de la “sociedad de la información”, ya que eso permitió que funcionarios técnicos de menor rango o diplomáticos de carrera, e incluso personas e instancias extra-gubernamentales, se pusieran a la obra y lograran consensos quizá más fácilmente que si el tema hubiese sido de alta política.
La región de ALC tampoco tuvo una participación regional destacada en el proceso CMSI. Los gobiernos fuertes como Argentina, Brasil, Chile y México, y los más interesados, como Colombia, Cuba, República Dominicana y Venezuela, asumieron un rol protagónico en lugar de buscar consensos de fondo en la región.
A pesar de su ascenso formal y del corto plazo de proyección del acuerdo – 2007 -, y a pesar de lo concreto de las metas, a veces incluso cuantificadas, el eLAC-2007 aún no se ha convertido en la mayoría de los Estados de ALC en una guía para acciones concretas y, mucho menos, en un instrumento de evaluación. Los mecanismos de coordinación regional aún son muy incipientes y el mecanismo global de seguimiento sigue inoperante, a pesar de dos intentos –Túnez, Lisboa- de echarlo andar.
La mayoría de los gobiernos de ALC parecen no tener el más mínimo interés en poner en funcionamiento dichos mecanismos, pues temen que haya instancias con cierta autonomía que los obliguen a medir resultados en relación a metas concretas, pero desde fuera de los ámbitos de las políticas nacionales y sin sus métodos tradicionales. En este contexto, los informes del sistema de las Naciones Unidas –incluyendo Banco Mundial y UIT- tienen escasa importancia.
Incidencia de la sociedad civil
La incidencia de representantes de la sociedad civil en la evolución del Plan de Acción eLAC-2007 comenzó con la reunión interministerial del INFOLAC en Quito. Reunidas en paralelo, ocho organizaciones de la sociedad civil presentaron dos documentos –uno de prioridades y otro, más breve, sobre criterios generales. Se acordó la presentación de los mismos por Paulo Lima, de RITS (Brasil), como vocero. Nicaragua fue el único país con una delegación “integral”, actuando el miembro representante de la sociedad civil como suerte de “enlace” entre ambas reuniones.
Sin embargo, hubo problemas que parecían técnicos, aunque no lo eran: en el encuentro interministerial –como suele suceder en estos eventos- se negoció un consenso expresado en la redacción de incisos y párrafos. El aporte de los representantes de la sociedad civil consistió en consideraciones generales que, para expresarse en el documento, deben primero transformarse en propuestas de cambios de redacción. Tal transformación resultará solamente en la medida en que miembros oficiales de una u otra delegación la asuman. Dicho de otra forma (algo parecido sucedió luego en Río y Túnez): en forma y naturaleza, el aporte de los representantes de la sociedad civil difícilmente encajaba con la mecánica del proceso de redactar un documento consensuado entre representantes de Estados y agencias, que además ya llevaban horas y horas de reuniones revisando los textos palabra por palabra. No obstante se logró insertar una y otra consideración al texto.
En principio, esa sería también la mecánica del evento de Río de Janeiro, pero allí hubo más delegaciones “integrales” de países y una serie de eventos temáticos paralelos, que permitían una participación directa más amplia de representantes de la sociedad civil. Sin embargo, no hubo propuestas concretas de redacción del documento final y mucho menos, propuestas previamente consensuadas regionalmente.
A pesar de que el “Compromiso de Río” llamaba, como acción mínima a corto plazo, a la formación de Grupos regionales de trabajo y al establecimiento de Mecanismos nacionales de seguimiento, en los casi 5 meses transcurridos entre Río y Túnez no pasó casi nada ya que, entre otras cosas, las pocas cancillerías verdaderamente interesadas se dedicaron a la preparación de los documentos de la Cumbre misma, a través de sus representantes en Ginebra. Además, no había quien se sintiera llamado a darle seguimiento a la implementación del “Compromiso de Río”, menos aún cuando entre Quito (convocado por la oficina regional de UNESCO) y Río (convocado por el gobierno de Brasil en el marco de la preparación CMSI) se habían enfriado las relaciones entre UNESCO y CEPAL a tal punto que el supuesto seguimiento por la directiva de INFOLAC falló. Y hay que señalar que tampoco hubo reclamos por incumplimiento por parte de los representantes de la sociedad civil.
En este contexto, el delegado de El Salvador en Ginebra retomó una propuesta de Ecuador e hizo circular el texto de un mecanismo temporal de seguimiento, incluyendo un cronograma para echar a andar los grupos regionales de trabajo y otras actividades regionales. Sin embargo, esta propuesta habla solamente de los gobiernos y su coordinación, sin mencionar en absoluto a los demás sectores. Esto era esperable, dado que el documento procede de una fuente diplomática.
Al presentarse la propuesta al grupo GRULAC reunido en Túnez, se hizo evidente su cualidad “reaccionaria” en comparación con la en este momento ya consensuada “Agenda de Túnez” de la CMSI misma, en particular en el enfoque multisectorial de los mecanismos de seguimiento a nivel nacional (inciso 100) y regional (inciso 101).
La delegación de Nicaragua, aún en su función de coordinadora de GRULAC, propuso cambiar la redacción para mantener la concordancia con los principios de la CMSI. Así, se llegó a un documento por consenso, que por primera vez en el proceso regional (acápite II) enuncia en forma explícita la participación activa de los sectores extra-gubernamentales, dándoles (inciso 2.5) el derecho de proponer por iniciativa propia elementos para el mecanismo regional de seguimiento, es decir, definir –esto era la intención- de qué manera podrían participar las organizaciones de la sociedad civil como actores de este proceso.
Lamentablemente no se procedió como fue acordado hacerlo. Igualmente, ninguna organización de la sociedad civil respondió al llamado del inciso 2.5 haciendo propuestas concretas de cómo y en qué participar en el seguimiento del eLAC-2007, aunque el mismo fue aceptado como primer paso de una agenda regional de implementación de los resultados de la CMSI. Claro, la culpa no es solamente de las organizaciones de los países, sino también de los representantes de los gobiernos, que en Quito y luego, en Túnez, aceptaron apoyar la implementación, pero no lo hicieron.
Recién en la reunión del eLAC-2007, en los preparativos de Lisboa (abril de 2006), se reestableció la vigencia del acuerdo de Túnez sobre el mecanismo temporal, con la salvedad que el mismo ya no sería tan temporal. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido acciones ni pronunciamientos, y sólo se registraron algunas iniciativas preliminares de la CEPAL, que según el acuerdo de Túnez debía tener una función netamente de apoyo. Ni los puntos focales –representantes de los gobiernos-, ni los actores extragubernamentales reclamaron sus derechos en forma propositiva.
La actuación de la sociedad civil, tanto por parte de las organizaciones, como de sus representantes, parece un fiel reflejo del comportamiento mostrado por los gobiernos (un marxista diría que difícilmente podría ser diferente, pues ambos reflejan las mismas realidades socioeconómicas). Por un lado, están los “eruditos” que van desde la región como “embajadores” a los eventos internacionales, pero no representan a nadie salvo a sí mismos o quizás a un enjambre informal, pero no hay contextos ni foros regionales donde consensuar posiciones. Del mismo grupo se nutren de vez en cuando también las delegaciones nacionales. Y por otro lado, hay centenares de proyectos e iniciativas nacionales, grandes y pequeños, cuya preocupación central consiste en su propio financiamiento. Pero no existe una coordinación horizontal de proyecto a proyecto dentro de la región, y cuando la hay, suele darse gracias a instancias con fuertes elementos extrarregionales.
Ante este panorama, Túnez y Río siguen presentándose como un desafío. Pero no habrá participación destacada de la sociedad civil de América Latina en los procesos post CMSI y en el seguimiento del eLAC-2007, mientras no haya alguien que tenga poder de incidencia para asumir y reclamar dicha participación. El cumplimiento entonces no depende tanto de los gobiernos –que no lo quieren, ya lo sabemos-, sino de los propios actores de la sociedad civil, que deberán establecer alianzas más allá de lo táctico con los sectores académicos y privados. Nadie ni nada impide la conformación autoconvocada de comités nacionales de seguimiento de la CMSI. El eLAC-2007 –con todas sus limitaciones-, así como los esfuerzos vinculadas de OSILAC y REGULATEL, proporcionan metas susceptibles a su evaluación e indicadores en cuanto a cumplimiento. Y las líneas de acción, bien o mal trazadas, pero plasmadas en el Plan de Ginebra y el eLAC-2007 podrían servir como marco pragmático de referencia para promover la colaboración regional. Ahora, todo depende de nosotros, no de los gobiernos.
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