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Information > Internacional > Legislación y regulación

¿Brecha o inclusión digital?

01/05/2006 México -- ¿BRECHA O INCLUSIÓN DIGITAL?

Scott S. Robinson
ssr@laneta.apc.org

Durante muchos años hemos escuchado discursos sobre la “brecha digital”, sin comprender con certeza su referencia empírica y sospechando que su amplia difusión forma parte de una campaña más de promoción de una leyenda justificante del consumo de productos de las industrias del cómputo y los programas de las aplicaciones disponibles en los “mercados emergentes”. En efecto, la preocupación por la “brecha digital” entre las organizaciones internacionales coincide con la dramática expansión del mercado de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) en la región latinoamericana durante los últimos dos lustros. La ausencia de acceso a la red de redes por parte de la mayoría de la población de los respectivos países, a estas alturas, sí se traduce en una demanda potencial que ha requerido su justificación con relación a las políticas públicas enfocadas sobre este tema y el abaratamiento de los insumos de hardware y software. Pero es una demanda aún sin atender a profundidad. Acompaña al proceso un novedoso imaginario donde la presencia de una computadora personal en casa mágicamente equivale a un boleto de entrada a la sociedad de la información. El hecho tiene implicaciones aún no bien comprendidas para los procesos democráticos de mañana, últimamente en vías de una amorfa reconfiguración bajo el rubro engañoso de “e-gobierno y/o e-gobernancia”. Esta “brecha digital” refiere al acceso diferenciado que tienen las personas a las TICs, su habilidad para utilizarlas, el empleo actual que le dan a las mismas, y el impacto que su uso tiene sobre su bienestar personal, familiar y comunitario. Pero no se habla con frecuencia de la “inclusión digital”, una frase de singular complejidad en el contexto de la expansión de las TICs, la relativa impermeabilidad de los entes reguladores en esta materia y la evolución de las “democracias latinoamericanas”.

LA INCLUSIÓN DIGITAL – UN CONCEPTO DENSO

La “inclusión digital”, a mi modo de concebirla, refiere al conjunto de políticas públicas relacionadas con la construcción, administración, expansión, ofrecimiento de contenidos y el desarrollo de capacidades locales en las redes digitales PÚBLICAS, alámbricas e inalámbricas, en cada país y en la región entera. Incluye las garantías de privacidad y seguridad ejercidas de manera equitativa para todos. Abarca el adiestramiento y el incentivo para desarrollar herramientas nuevas, software de fuente abierta y aplicaciones para teléfonos celulares, por ejemplo. Plantea un objetivo noble para los compromisos nacionales, con cargos al presupuesto público, pero raras veces se puede delinear la ruta para alcanzar dicho objetivo más allá de una retórica alimentada por y sincronizada con las declaraciones cíclicas de diversos organismos internacionales. Y lo más importante, también constituye un proceso continuo de negociación de intereses entre distintas elites, el liderazgo político, financiero, comercial y a veces, social de las respectivas naciones del conjunto regional. La inclusión digital es simultáneamente un proceso de control político, meta políticamente “correcta” e impecable, jugoso negocio para pocos proveedores de las tecnologías involucradas y relacionadas entre sí, un reto para los creativos digitales nacionales, y antes del 9/11, tema de muchos discursos y conferencias internacionales, además de ser un nuevo hilo filantrópico procedente de un amplio manojo de donantes, fundaciones y entes oficiales, con sede en el Norte.

Son pocas las organizaciones de la sociedad civil que manifiestan un compromiso explícito con la inclusión digital. Menos son los partidos políticos con referencias en su plataforma de principios o iniciativas legislativas relacionadas con este concepto, una suerte de imaginario que los intereses comerciales se pueden apropiar para justificar la venta de equipos y programas, además de la creación de entes reguladores del mercado sumisos a sus intereses. Tampoco se observa un liderazgo en la materia por parte de los políticos y funcionarios públicos en cada país. Sólo cuatro naciones cuentan con un fondo de acceso universal en operación, un indicador concreto de un compromiso del Estado en América Latina con el rubro mínimo de la inclusión: acceso popular a la red a un costo razonable. Y corre el peligro de confundir los programas oficiales de conectividad a la Internet, en escuelas, bibliotecas y centros de salud, con un programa sustantivo de inclusión digital. A mi saber, dicha inclusión esta anclada al muelle de la sociedad del conocimiento, otro imaginario que resulta no mal nombrado, tomando en cuenta la cantidad de cibernautas en el mundo contemporáneo y las distintas actividades permitidas por el software desarrollado durante varios años. Pero, al parecer, es una sociedad digna para muy pocos.

EL MODELO DE DESARROLLO NEOLIBERAL

La velocidad de la adopción e inserción de estas tecnologías ha sido en una palabra, asombrosa, pero nuestra percepción analítica necesita despejar la bruma del discurso de la “brecha digital” para definir los matices del actual proceso del “cableado” de cada espacio nacional. Esto transcurre en un contexto internacional donde los diversos tratados del comercio y la propiedad intelectual, además de la expansión y consolidación de las empresas multinacionales de las tecnologías digitales emparentadas, permite el flujo libre del capital de inversión y mayormente, especulativo, negando a la vez el flujo libre de la mano de obra. Hoy, la emigración internacional crece en paralelo con la integración de los servicios digitales en las diversas economías de la región. La carencia de oportunidades de trabajo en muchos países impulsa una diáspora de emigrantes hacia los países del Norte industrial (España e Italia, en Europa), y durante los últimos tres lustros los envíos de remesas de dinero a sus casas ha crecido tanto que en muchos países en la primera fuente de recursos, delante de la inversión económica directa (IED) y “donativos” de la asistencia internacional (ODA). No es un secreto que la economía de las remesas comienza a reconfigurar distintas dimensiones de los respectivos procesos financieros y políticos al interior de diversos países. Y los aún fragmentados discursos sobre los distintos componentes de la inclusión digital también ahora toman en cuenta el papel y las necesidades de las enormes poblaciones de emigrantes en la región. En pocas palabras, la inclusión digital hoy refiere al complejo panorama de la adaptación de las tecnologías digitales en una región con sociedades polarizadas entre ricos y pobres, elites dominantes y poblaciones subalternas, paupérrimas y dispersas, discursos hegemónicos y diversos lenguajes de amplias resistencias culturales, una parálisis en la expansión de conexiones domiciliarias a la red, medios privados de comunicación concesionadas por el Estado y proyectos de organizaciones civiles cuyo dominio y aplicación tenaz de las tecnologías emergentes permite un impacto, aún limitado, a una escala previamente inimaginable. La inclusión digital ahora forma parte integral de un proceso anunciado como democratizador, promisorio en un principio, y ahora estancado en su desenvolvimiento.

La inclusión digital en esta perspectiva representa la introducción de redes de cómputo y los contenidos accesibles por los mismos, a distintas escalas, y produce como consecuencia una reconfiguración de diversas estructuras del poder, local, nacional e internacional. Pero es notable que las distintas elites con voz y voto en cada proceso nacional de negociación, se han servido o incluido digitalmente a sí mismos, antes que los demás. En el fondo comparten los mismos criterios para avalar decisiones de consenso en las coaliciones contemporáneas de estos grupos con relación al cómo proceder con el ingreso de las TICs en los espacios nacionales donde su nivel de control es determinante. El hecho que NO se reproduce en la región severas restricciones en cuanto a la disponibilidad del acceso a la Internet y sus contenidos (como se observa en algunos países islámicos y en China, por ejemplo) es un indicador de un consenso fundamental entre diversas elites sobre el valor de esta nueva herramienta, pero falta el compromiso para ampliar el acceso para todos. En efecto, la red constituye un recurso valioso para los que pueden costear la inversión para los instrumentos necesarios para lograr un acceso a un infinito de información cuya administración y comprensión también presupone cierto nivel educativo, una suerte de cultura digital. En una frase, las elites ya se han equipado y capacitado a ellos mismos, pero el costo es alto aún para la economía familiar de los que habitan en la enorme base de la pirámide social y económica. Hay indicaciones que las respectivas elites nacionales ahora aceptan un común denominador de las reglas de negociación, un pacto acordado, lo cual es un avance sobre una época anterior cuando la política era un drama social entre facciones abiertamente belicosas entre sí. El libre acceso a los recursos en línea puede ser hoy un componente compartido por el liderazgo de las democracias latinoamericanas; sin embargo, el compromiso del Estado y su estímulo a la inversión privada o el empleo de recursos públicos para ampliar la base de ciudadanos con acceso y con los incentivos para un uso efectivo de los contenidos disponibles es un tema postergado.

ESTADO, ELITES Y CONVERGENCIA DIGITAL

Cualquier discusión sobre el tema de la inclusión digital en los países de la región debe partir de un concepto y caracterización del Estado a raíz de la reciente ola de privatizaciones en el sector de las telecomunicaciones y las respectivas políticas de conectividad puestas en práctica. A estas fechas, pocos Estados en la región NO han privatizado sus empresas de telecomunicaciones, y el resultado es un cuadro donde pocas empresas multinacionales gozan de un poder de decisión en los diversos rubros de los respectivos sectores de “telecom”—telefónicas alámbricas, telefónicas inalámbricas, proveedores de acceso a la Internet, carriers o transportadores de redes, al interior y hacia el extranjero (vía fibra o satélite), franquicias de cibercafés, etc., y los marcos regulatorios que fijan las tarifas y las reglas de operación en sus mercados de las empresas involucradas. En gran medida, ha sido una privatización sin competencia, marcada por un reparto de concesiones de largos años para muy pocas empresas, y donde los socios de capitales nacionales no controlan las decisiones de los respectivos consejos de administración. El perfil de los individuos designados en cada país para los consejos de los entes reguladores, muchos de creación reciente, indica la influencia de estas empresas de productos y servicios digitales ejercidas sobre el diseño del marco reglamentario de las concesiones aprobadas y las políticas digitales específicas implementadas por el Estado.

La acelerada convergencia entre la televisión, la telefonía y la distribución de contenidos digitales vía la Internet , el proceso de triple play en plena negociación en muchos países al escribir este texto, es otro rubro de la inclusión digital. La difusión de cualquier contenido, programas de televisión, cine, música, páginas WWW con animaciones dinámicas, tipo Flash, ahora constituye un enorme acervo en pleno crescendo al ritmo del crecimiento de usuarios de la red global que ahora aproximan a 800 millones de almas, consumidores de mensajes spam, promotores nigerianos, infoadictos, curiosos, tricksters, tele-trabajadores, adolescentes fascinados, proveedores de pornografía y productos diversos, funcionarios, empleados, migrantes y similares. Esta convergencia tecnológica, donde los productos en formatos analógicos de ayer se distribuirán a futuro solamente en formatos digitales, es al parecer inevitable y muy cercano. Marca el hito de una competencia feroz entre pocas empresas con las patentes, licencias y concesiones correspondientes, además del capital suficiente para ofrecer distintos servicios a la escala de la red internacional. El marco regulatorio que gobierna este proceso es también parte del proceso político que acompaña inevitablemente a la inclusión digital, y las cuestiones de quienes representan a los distintos conjuntos de intereses más el nivel de equidad que hay entre productores, distribuidores y consumidores ahora se relacionan al proceso de la democratización como nunca antes. Al reconocer la ausencia de atención a esta problemática por parte de los partidos políticos tradicionales, no debe sorprender el creciente pero acotado poder de los organismos no gubernamentales que sí se enfocan sobre el tema. Estos “cuasi-partidos” ahora ejercen un liderazgo en las discusiones técnicas pertinentes y constituyen, como consecuencia, un conjunto de nuevos actores en el escenario de las políticas públicas en materia de servicios digitales, pero su capacidad de maniobra es débil por su baja representatividad, su poder acotado y la limitada difusión de sus propuestas.

La emergente sociedad del conocimiento en vías de construcción por encima de la dinámica infraestructura de las sociedades latinoamericanas cada vez más “cableadas”, nos obliga a repensar en qué consiste o consistirá la democracia en este nuevo contexto. Los ciudadanos tendrán un enorme acervo de información a su disposición, tanto de hecho que la comprensión de temáticas complejas requiere de herramientas de apoyo a la toma de decisiones que al parecer pocos programas de e-gobierno contemplan ni el sistema de educación pública actualmente apoye, y mucho menos en la raquítica red de bibliotecas públicas de la región. Existe un riesgo que los responsables de los contenidos difundidos en línea, aunado a la radio y la televisión analógica y pronto digital también, tendrán un poder y una influencia mayor a los políticos ortodoxos responsables de la administración e implementación de los marcos regulatorios respectivos. Creo que esta condición ahora es generalizada en la región.

ELITES Y NICHOS PROTEGIDOS

Se aprecia un panorama donde las elites nacionales, socios de las empresas multinacionales de las diversas tecnologías digitales, han encontrado un nicho comercial y financiero cómodo, con un retorno sustantivo a sus inversiones en mercados locales protegidos, dentro de un contexto internacional de mercados globalizados y muy competitivos. Es decir, los capitalistas nacionales quienes realizaron a tiempo inversiones en productos y servicios digitales (comercialización de computadores y accesorios, proveedores de servicios de Internet, redes de fibra óptica, puntos de acceso a servicios satelitales, telefonía celular y televisión digital, etc.), importados en sus respectivos mercados, han logrado una privilegiada y bien remunerada condición oligopólica que se traduce en una política regulatoria de protección de dichos mercados (son “legacy market players”). Estos mercados ahora sirven a las mismas elites con la requerida capacidad de compra, y a estas fechas están casi saturadas (menos la telefonía celular de prepago), al observar el ritmo de crecimiento lento donde el porcentaje de la población con acceso a la red desde su casa no rebasa el 10% en muchos países. El motivo de proteger estos mercados, reducidos pero muy rentables, es sencillo: subir el costo de entrar a estos mismos mercados para otras empresas que o llegaron tarde u ofrecen nuevas tecnologías que abaratan los servicios actuales y/o amplían su cobertura a menor costo. La manera más efectiva de lograr este objetivo es controlar los entes reguladores de los sectores de telecomunicaciones y servicios financieros.

Las elites correspondientes, entonces, comparten otro punto estratégico de consenso en cuanto a la conveniencia común de tener sus representantes en posiciones claves dentro del reducido aparato del Estado neoliberal. La reciente reconfiguración del Estado provocado por la ola de privatizaciones de las empresas y activos antes en manos del mismo, implica conceder mayor poder de facto a los entes reguladores, la máxima autoridad de facto en materia de las reglas del juego mercantil en cada país. Es necesario reconocer la debilidad mostrada últimamente por parte de los respectivos poderes legislativos ante la marcada renuencia de los representantes de los partidos para enfrentar los complejos temas de la regulación financiera y tele comunicativa. Esta situación complace a las respectivas elites, asiduos defensores de su status, licencias y privilegios, históricos y logros del juego contemporáneo, grupos quienes comparten otro punto más de consenso al interior de las democracias endebles: la conveniencia de controlar un nuevo mercado de contenidos donde la producción simbólica merece sincronizarse lo más posible con un proyecto ideológico de “libertad individual y de mercados”, cercano a sus valores públicos, pero no necesariamente coherente con su discreto juego voraz y la administración del enorme poder privado que ejercen.

SERVICIOS DIGITALES Y REMESAS

No hay suficiente retorno sobre la inversión para extender los servicios a una población pobre que requiere precios mucho menores que los actuales para adquirir productos y servicios digitales. Al tiempo, en varios países el flujo de las remesas de los migrantes ahora provee un recurso de supervivencia para una proporción creciente de familias cuyos hijos e hijas trabajan en el extranjero, pero el costo de estas transacciones sigue siendo francamente usurero. Observamos dos patrones en paralelo: no sólo no se extienden los servicios digitales a menor costo y en todos los rincones de los países, sino estas poblaciones, los “excluidos digitales”, tampoco gozan de una reducción en las tarifas y comisiones que pagan por el traslado de los envíos de las remesas, recibidas desde Estados Unidos, Canadá, o Europa. Mientras sí hay más competencia en el mercado de las remesas, contrario a lo observado en el mercado de productos y servicios digitales, las autoridades financieras, designadas por las respectivas elites en la materia, NO actúan para reglamentar un tope en las tarifas y comisiones cobradas, al tiempo que se registra un aumento anual en el flujo de estos recursos, y los instrumentos digitales son cada vez más utilizados para comunicar a las familias de cada diáspora. Los migrantes y sus familias siguen pagando un “impuesto de la pobreza”.

Sugiero que estamos ante una novedosa figura del Estado neoliberal cuyas elites dominan los entes reguladores y sus mercados protegidos en por lo menos dos sectores estratégicos, las telecomunicaciones y las finanzas, donde las herramientas digitales son cada vez más predominantes. Se protegen a los mercados de servicios digitales y en menor grado, a los contenidos distribuidos por los “portales” de los mismos, y de manera simultánea, se cobra una especie de “derecho de piso” a las poblaciones pobres, los emigrantes de sus países, al permitir mercados oligopólicos y al no imponer topes a las tarifas y comisiones por las transacciones de las remesas enviadas, recursos vitales para la seguridad alimentaria y sanitaria entre cada vez más sectores populares en muchos países. El marco regulatorio en materia de las telecomunicaciones y los servicios financieros son cuellos de botella, hábilmente administrados por representantes de las elites involucradas, quienes actúan para afianzar sus mercados donde hay pocos ofertantes de estos servicios cada vez con mayor valor estratégico—los medios de comunicación y la entrada de recursos monetarios vitales a la seguridad familiar en el respectivo espacio nacional. Y en ambos rubros, las tecnologías digitales ahora predominan mientras su administración queda en pocas manos.

LA INCLUSIÓN DIGITAL YA LLEGÓ

En esta lógica de los intereses de los grupos del poder en cada país, la inclusión digital es una política pública realizada al interior de esta distinguible capa social. Pero es anunciada como evangélico público para el consumo interno y quizás de mayor relevancia, para proyectar un supuesto acuerdo con un imaginario en boga en el actual discurso filantrópico internacional: la sociedad de la información. La inclusión digital es una política implementada de facto, cuyas reglas de negociación están ancladas en los usos y costumbres entre las elites relevantes en cada país, pero no para servir a los excluidos, sino a las mismas elites en los sectores de los medios de comunicación, los diversos servicios vinculados con la Internet, la banca comercial, la industria nacional (que sobrevive) y las empresas remesadoras. Esta versión de la inclusión digital es distinta a la retórica de los que abogan para mayor conectividad a la Internet con el uso efectivo de los recursos disponibles. Para las elites, la inclusión digital ya se está consolidando, por medio de su control sobre las diversas figuras administrativas del Estado que regulan diversos sectores de actividad económica y del empleo del espectro electromagnético. Al ser tecnológicamente dependientes del extranjero, no invierten en el desarrollo de capacidades más allá del uso de hardware y software importado. Su patrón de dominio incluye normas, trámites y concesiones al servicio de los intereses de una reducida cantidad de socios, y no de los excluidos que siguen siendo los mismos de siempre. Es un fenómeno que al parecer pasa desapercibido por los partidos políticos tradicionales, y entre los nuevos “cuasi-partidos”, fragmentados entre sí, son pocos que enfocan sus limitados recursos de cabildeo sobre este tema, mientras las universidades públicas no perciben la importancia del tema; pero las privadas sí.
Este panorama contradictorio tampoco ha sido debatido en la agenda de las políticas públicas. La versión ortodoxa de la inclusión digital apunta hacia un futuro donde la mayoría de la población tendrá acceso a los instrumentos y recursos informativos y educativos de la red, algo que sugerimos es una ilusión conveniente y justificativa para las mismas empresas del sector que desean inducir la demanda para sus productos y realizar donativos de alto relieve para la imagen corporativa. La inclusión digital es también una inducción digital, una suerte de profecía que se cumple por si misma, apuntalando hacia un imaginario que moviliza una demanda para una gama de productos y servicios a futuro. La dichosa “sociedad del conocimiento” ya llegó para algunos pocos, quienes no están dispuestos a sacrificar sus recursos privados o su proporción tradicional de la renta de los respectivos presupuestos nacionales para invertir recursos públicos en lograr dicho objetivo para la mayoría. Para estas elites, el discurso de la inclusión digital constituye un imaginario útil en varios escenarios a la vez: los foros internacionales, valores justificativos de la intensa mercadotecnia observada, y un ejemplo de la supuesta nueva sinergia entre el Estado y la iniciativa privada. Si estos grupos poderosos ya lograron su dominio de los recursos digitales en sus espacios nacionales, no les conviene admitirlo, sino más bien seguir proyectando la ilusión de la utopía digital popular en campañas publicitarias y discursos presidenciales.

IMPACTO SOBRE PROCESOS DEMOCRÁTICOS

Esta situación indudablemente afectará a los procesos democráticos en la región. En la medida que hay una marcada concentración de los medios de telecomunicaciones en las manos de pocas empresas, quienes influyen en las reglas de la operación de sus negocios, habrá una restricción en los contenidos de la programación, en el sesgo de los noticiarios de la radio y la televisión, además de los portales de la Internet que administran y almacenan en sus servidores. Esta situación no augura un futuro promisorio para la difusión masiva de opiniones diversas y plurales sobre cuestiones públicas, ahora relegadas a las páginas WWW de ONGs y contados programas de televisión y radio en horarios que no son de la categoría mercantil triple A. Ya se perfila una novedosa condición de apartheid en los medios, incluyendo los servicios digitales de origen nacional, donde las elites políticas, financieras y mercantiles, los actores hoy hegemónicos, “fijan” los parámetros de los contenidos “permitidos” para su difusión masiva por medio del recurso público del espectro electromagnético, mientras un reducido grupo de organizaciones civiles intentan ganar espacios en la torre de Babel comercial con mensajes difundidos en espacios marginales, por ejemplo, páginas WWW no anunciadas en los mega portales. Sin duda, hay obstáculos que impiden analizar la gama de temas pertinentes al amplio menú de las políticas públicas por negociarse en cada país.

Uno de los efectos de la inclusión digital ya implementada y al servicio de las diversas elites, se refleja en el diseño de los programas de conectividad apoyados con recursos fiscales. La mayoría de estos programas, si no todos, parte de la premisa que se requiere adquirir enormes lotes de computadoras, instalarlas en instituciones escolares y bibliotecas, por ejemplo, a veces en locales propios, y conectarlas a la Internet sobre la base de la táctica de “sí lo construimos, el público vendrá”. Son programas muy costosos sin una adecuada rendición de cuentas. Muchas veces estos “telecentros oficiales” compiten con un universo de cibercafés, previamente establecidos como pequeños comercios de servicios digitales que representan un recurso humano y tecnológico instalado y subutilizado, y los proyectos oficiales representan una suerte de competencia desleal con estos negocios en funciones, ofreciendo acceso y un mínimo nivel de capacitación a sus clientes jóvenes. En estas fechas, muchos de los sitios que corresponden a estos programas languidecen por falta de un compromiso local, el mantenimiento problemático, pocos incentivos para su uso efectivo y el desarrollo de capacidades, además de una marcada rotación de su personal operativo. Estas fallas en el diseño de una política pública costosa son de origen. A mi criterio, las elites no comparten un cabal compromiso para capacitar y educar a sus pueblos, mucho menos por medio de las nuevas tecnologías digitales. El hecho representa un enorme costo de oportunidad perdida, un rubro no contabilizado como tal en los informes oficiales y cuentas alegres sobre la “inclusión digital en proceso”.

Tampoco se contabiliza el costo de la entrega de servicios gubernamentales por medio de la red donde es evidente que hay economías de escala que representa enormes ahorros para el Estado. Hay menos énfasis sobre la calidad de los servicios ofrecidos en línea, ventanillas virtuales para un amplio menú de trámites administrativos, donde el telecentro comunitario, por ejemplo (administrado por una ONG), o la amplia red de cibercafés en todos los países, no reciben ningún beneficio al estar ofreciendo un servicio del gobierno a sus usuarios. Estos clientes suelen no recibir una capacitación adecuada en el uso efectivo de los trámites y servicios informativos ofrecidos últimamente por agencias del Estado, y el mismo no logra ampliar la base de sus “clientes en línea” por falta de una promoción y adiestramiento en las “ventanillas virtuales” disponibles vía los muchos puntos de acceso que hoy día se encuentran en casi todos los pueblos de la región. Este modelo de “e-gobierno”, con su enfoque vertical sobre trámites obligatorios, y no sobre mecanismos de negociar las políticas públicas, también es producto de la visión miope (y astuta) de los funcionarios superiores responsables de estos programas. Son los que ya lograron la inclusión digital para sí mismos, pero muestran una incapacidad de reconocer una obligación del Estado de apoyar con incentivos fiscales, contenidos culturalmente apropiados y otros instrumentos, la consolidación y expansión de la red de telecentros comunitarios y cibercafés y su amplia clientela juvenil existentes en su espacio nacional.

CONCLUSIÓN

El escenario actual donde las elites se han “incluido” o insertado de manera efectiva y audaz en la citada sociedad del conocimiento, con las tecnologías digitales a su alcance y servicio, y sin invertir en la inclusión de los demás, es producto, al final de cuentas, de una crisis de la representatividad de los intereses populares en democracias no consolidadas. Hay indicios de cambios recientes en el perfil de la participación electoral, un proceso cada vez más influido por la propaganda política en la radio y la televisión, aunada a una juventud enajenada de los partidos, una proliferación de ONGs sin vasos comunicantes eficaces con representantes partidarios, en ambientes políticos nacionales donde estas organizaciones civiles con frecuencia actúan como partidos virtuales generando propuestas e iniciativas en una gama de políticas públicas pendientes de negociar los consensos sobre su forma legislativa y su reglamentación posterior. La acelerada convergencia en la difusión de noticias, entretenimiento, servicios educativos, música y video sobre demanda, llamadas telefónicas, etc., en formatos digitales que se transmiten por canales alámbricos e inalámbricos requiere de inversiones cuantiosas donde los socios desean proteger y ampliar su negocio aprovechando sus licencias y un recurso público, el espectro, con una venia garantizada por acuerdos fundamentales entre las elites que constituyen las fuerzas vivas de los diversos Estados latinoamericanos actuales. Las fuerzas innovadoras en materia de políticas digitales en su mayoría quedan excluidos de los espacios de negociación y consenso de las elites, y este hecho puede ser el eje de una contradicción estructural clave en las democracias emergentes.

En este contexto de las respectivas políticas nacionales en el rubro de las telecomunicaciones, las tecnologías digitales emergentes, y las reglas financieras, apreciadas de esta manera, grupos de poder tradicionales han encontrado la brújula del camino táctico para mantener su poder de antaño. El enfoque de ahora es sobre contenidos digitales y el flujo de remesas, los espacios simbólicos y de supervivencia material de los pobres. El hecho tiene implicaciones radicales para las políticas culturales y públicas ante la observada resistencia de elites para ampliar la inclusión digital con sus inversiones, y aún con recursos fiscales, o reducir las tarifas de las transacciones financieras. Estamos ante un futuro predecible donde la impunidad del Estado en relación a la oferta de información estratégica será un patrón probable, los marginados cada vez más excluidos y sus opciones limitadas a un modelo de darwinismo social autogestionario. Al tiempo, las economías serán subvencionadas por el ingreso de las remesas, mientras las elites comerciales explotan los reducidos mercados de consumidores con suficiente capacidad de compra para adquirir la nueva generación de productos y servicios digitales que la inexorable evolución tecnológica y mercadotécnica hoy generan.

NOTAS
1. Una versión preliminar de esta argumento fue publicada en la revista NUEVA SOCIEDAD, Número 195, Caracas, 2004.
2. Ofrezco estas ideas, pintadas con una brocha gorda con miras a perfilar un escenario regional complejo pero con un denominador común como eje transversal. No puedo negar que muchas afirmaciones nacen de mi mirada sobre el contexto mexicano.
3. Mi argumento se ancla en la tesis desglosada en el libro de J. Higley y R. Gunther, compiladores, ELITES AND DEMOCRATIC CONSOLIDATION IN LATIN AMERICA AND SOUTHERN EUROPE, Cambridge University Press, 1992. Los autores ofrecen (pág. 9) una doble caracterización de elites: afectan a las “soluciones políticas” de manera continua en el sentido que sus opiniones individuales y acciones posibles son percibidas y tomadas en cuenta por otros lideres de opinión, además de subalternos, cuando sopesando los beneficios y costos de alguna política específica, hasta cambios de regimen. Las elites también afectan las soluciones de manera sustantiva en el sentido de que una propuesta que no cuenta con su apoyo decidido tiene pocas posibilidades de ser aprobada y/o puesta en práctica.
4. Donde los comisionados designados para dirigir los diversos entes reguladores no tienen que rendir cuentas ni directa ni indirectamente al electorado, ni a veces al poder legislativo.
5. Fue notable la baja participación de las delegaciones de los Estados latinoamericanos en la primera Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. www.wsis.org
6. Brasil, Colombia, Chile, y Perú tienen tales fondos en operación; México lo autoriza pero las reglas todavía no son transparentes.
7. La convergencia entre la radio, televisión e Internet moviliza muchos recursos en pro del control de mercados cautivos y potenciales.
8. El tema es candente por el crecimiento insólito del flujo de remesas en toda la región en el último lustro. Ver, por ejemplo, http://www.nytimes.com/2005/07/07/business/worldbusiness/07peso.html , July 7, 2005
“Study Challenges Assumptions About Money Being Remitted to Mexico”.
9. Hay pocas excepciones: solamente Panamá y Venezuela no registran un ingreso a sus cuentas nacionales procedentes de las remesas enviadas por sus conciudadanos en el extranjero. En cambio, las ciudades del sur son receptores de mano de obra boliviana, ecuatoriana, paraguaya y peruana, mientras el rubro de las remesas es importante, pero al parecer no determinante en Uruguay.
10. Cabe señalar que estas elites tienen profundidad histórica en muchos países, pero incluye a empresarios de nuevo cuño también. Suelen ser parentelas traslapadas, donde el matrimonio endogámico refuerza la solidaridad de clase. Con pocas excepciones (Brasil?), no generan tecnología propia, y actuan sin escrúpulos para proteger sus privilegios y mercados donde muchas veces son socios de proveedores internacionales.
11. Este concepto de la base de la pirámide (bottom of the pyramid) es instrumental en la reconfiguración de estrategias de inversión, nuevas alianzas empresariales, diseños de productos digitales, microfinanzas, etc. Por parte de empresas multinacionales, el gobierno de los EE.UU. y algunos donantes. Consulta la agenda de una conferencia realizada en San Francisco, California, 12-14 dic., 2004. Véase: http://povertyprofit.wri.org/
12. Nominativo femenino por su fecundidad.
13. En 2005 se ha acelerado el debate internacional sobre distintas dimensiones del control y contenidos de la Internet: http://www.itu.int/wsis/newsroom/eflash/latest.html ; http://lac.derechos.apc.org ; www.wgig.org .
14. Pero las condiciones de sus licencias con proveedores internacionales inhibe el desarrollo de una tecnología propia, y el hecho los condena a defender propiedad intelectual ajena, sin fomentar algún desarrollo nacional.
15. En Costa Rica, que se jacta de ser un país lider en la materia, ahora crece 1.8% al año las conexiones. Ver Ricardo Monge G. Y John Hewlitt, "Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (TICs) y el futuro desarrollo de Costa Rica: El desafio de la exclusion". En todos los países, se observa una competencia feroz en la telefonía celular donde nuevos servicios amplía el mercado de clientes. www.caatec.org/publicaciones/COSTA_RICA_DIGITAL_3.pdf
16. Las mismas empresas remesadores a escala mundial admiten que el costo marginal de estos envíos electrónicos a través de sus redes es hoy día marginal.
17. Hay notables excepciones; por ejemplo, el Banco Solidario del Ecuador ofrece una tarifa gratuita para el envío de las remesas de los ecuatorianos en España.
http://www.banco-solidario.com/noticias.php?id=11
18. Véase S. Robinson, “After Calculating Opportunity Costs, the Remittance Development Fund”,
www.ssrc.org/programs/itic/publications/knowledge_report/memos/robinsonmemo3.pdf
19. En México existe una "pequeña elite económica que vive como los maharajás (príncipes de la India), y también hay una elite política que los protege. Nuestra frontera se convierte en una válvula de escape a los inmigrantes, lo que deja a los políticos mexicanos y a la cúpula económica fuera de cualquier compromiso para proveer oportunidades a su propio pueblo", señaló George Grayson, College de William and Mary, EE.UU., a la cadena CNN. http://www.jornada.unam.mx/2004/dic04/041219/023n1eco.php
20. Consulte la tesis de maestría de Israel Palma, Redes de Poder y Organizaciones Civiles--Antropología Política de las Organizaciones Civiles de la Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana -Iztapalapa, 2004. www.uam-antropologia.info
21. El perfil regional de los programas oficiales que ofrecen una capacitación en el empleo y programación en software de fuente abierta, no propietaria, es un indicador más de esta condición.
22. El tema de la sostenibilidad de los telecentros últimamente ha recibido mucha atención. Las dimensiones socio-culturales, financieras, tecnológicas y administrativas han sido en gran medida ignoradas por las agencias del Estado, limitando de esta manera no sólo su sobrevivencia, sino también la escalabilidad de modus operandi probados en contextos populares, un activo en sí mismo, y una retroalimentación del discurso técnico sobre el modelo genérico apropiado para la entrega de servicios digitales en puntos de acceso colectivo.
23. Higley y Gunther, Introducción.
24. “Grupos ciudadanos triunfan en las municipales de Bolivia en detrimento de los partidos”,
http://www.uimunicipalistas.org/actualidad/numero42.htm
25. Llama la atención la afirmación relevante de un periodista respetable: “Civil society in Mexico and Latin America has shown a notable lack of interest in the migrants’ situation.” uis Hernández Navarro, “To Die a Little: Migration and Coffee in Mexico and Central America,” special report, Americas Program (Silver City, NM: Interhemispheric Resource Center, December 13, 2004). http://www.americaspolicy.org/reports/2004/0412coffee.html

Date: 01/05/2006
Location: Internacional
Theme: Acceso, Derechos de comunicación, Legislación y regulación, Medios
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