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Ernesto VILLANUEVA, Acceso a la información judicial en Latinoamérica

08/09/2003 México --

Opinión: Acceso a la información judicial en Latinoamérica
Ernesto Villanueva
El Universal (México)
www.eluniversal.com
28 de julio de 2003

EL derecho de acceso a la información pública en su vertiente judicial es uno de los aspectos de mayor controversia y, por consiguiente, más opacidad si se le compara con el acceso a la información en las dependencias y entidades de la Administración Pública. Por esa razón, y ante la ausencia de reglas de validez unívoca, el 8 y 9 de julio pasado, el Instituto de Investigación para la Justicia con sede en Argentina convocó a un seminario interno en la ciudad de Heredia, Costa Rica, para discutir el acceso a la información pública de información judicial, su difusión en internet y el derecho a la protección de datos personales.

En ese intensivo seminario se dieron cita magistrados (tanto ministros como magistrados, en la nomenclatura legal mexicana) de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay, así como expertos de países como Canadá, España y Estados Unidos. Si bien es cierto que resulta difícil llegar a un modelo común, sí pudieron identificar un conjunto de reglas mínimas y pautas sobre esta controvertida materia. Las reglas de Heredia son la conclusión de esos días de trabajo y un punto de partida que viene a llenar un vacío en este rubro. En efecto, las reglas vienen a identificar consensos en algunos aspectos de fondo de la cuestión. Veamos.

Primero. ¿Para qué es importante conocer la información jurisdiccional no por supuesto la administrativa, que se presupone debe estar disponible en un Estado democrático de derecho? Las reglas establecen dos fines que justifican la difusión de la información jurisdiccional: a) El conocimiento de la información jurisprudencial y la garantía de igualdad ante la ley. b) Procurar alcanzar la transparencia en la administración de la justicia. Estas dos finalidades se explican porque la opacidad con la que operan los jueces ante casos prácticamente idénticos puede producir resultados diametralmente opuestos, bien por ignorancia, pero también por corrupción. Por el contrario, la transparencia de las sentencias y de diversos actos previos acotan la discrecionalidad y permiten, en cambio, crear una sinergia de conocimiento común entre la propia comunidad judicial, que brinde certidumbre jurídica a las partes en el proceso.

Segundo. Las reglas de Heredia reconocen el derecho de las partes para oponerse a que sus datos personales sean difundidos, salvo por mandato legal. Esa potestad adquiere mayor fuerza cuando está en juego la publicidad de datos relativos a menores o incapaces, asuntos familiares, o que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de datos relativos a la salud o que se trate de víctimas de violencia sexual o doméstica o cuando lo disponga la ley o sean resultado de la propia jurisprudencia. Es claro que los sectores más desprotegidos de la comunidad y los valores íntimos de la persona deben quedar a resguardo.

Tercero. Las reglas de Heredia reconocen, sin embargo, una excepción al principio anterior. Establecen que debe prevalecer la transparencia y el derecho de acceso a la información pública cuando la persona concernida ha alcanzado voluntariamente el carácter de pública y el proceso esté relacionado con las razones de su notoriedad, salvo las cuestiones de familia o por mandato legal, que en todo caso podrá permitir que se mantengan públicos los nombres, evitando divulgar el domicilio o demás datos identificatorios. El punto aquí fue tema de controversia. Por un lado, hubo quienes sostuvieron que la condena es suficiente sanción y que la difusión de esa información es mantener en la práctica una condena perpetua. Por otra parte, se razonó que aquí debe primar un asunto de interés y protección pública. ¿Usted estaría de acuerdo en que una persona que ha sido condenado por violación de menores de manera reiterada sea su vecino y usted tenga hijos? ¿Podría quedar en secreto el nombre de los servidores públicos que, habiendo condena definitiva, hayan abusado el erario y puedan, como consecuencia de la secrecía, volver a afectar el patrimonio colectivo? Esas son algunas preguntas que sirvieron como ejemplo para sustentar este excepción al principio general enunciado en el numeral anterior.

Cuarto. Las reglas de Heredia sostienen que en los demás casos (cuando no haya ni menores ni personas voluntariamente públicas) debe pugnarse por un justo medio, el cual se resuelve a través de mantener anónimo el expediente judicial, permitiendo el acceso al contenido de la sentencia y/o actos previos, a efecto de promover la mejora doctrinal de las sentencias, la creación de una cultura jurídica democrática y una rendición de cuentas jurisdiccional, la cual no se agota sólo en aquellos actos distintos a los estrictamente jurisdiccionales. Estas reglas de Heredia no son una declaración más, sino una guía que tomarán en cuenta los tribunales de diversos países comprometidos con la transparencia y el acceso a la información pública. En México habría que insistir con mayor rigor en esta temática sobre la que falta un largo camino por recorrer. Por cierto, Hugo Alejandro Concha, director de Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dedica el número 2 de esta publicación semestral (julio-diciembre del 2003) al acceso a la información del poder judicial con puntos de vista desde una perspectiva comparada, el cual pone en perspectiva lo que tenemos en el país y lo mucho que falta por hacer. Es, pues, un número oportuno y pertinente para todos aquellos interesados en el tema del derecho de acceso a la información pública.

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ver Periodistas Frente a la Corrupción

Más información sobre las Reglas de Heredia

Date: 08/09/2003
Location: México
Theme: Acceso

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