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Information > Legislación y regulación

Las radios comunitarias y las otras

07/19/2006 (boletín informativo de AMARC) -- La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en Uruguay quiere expresar a la opinión pública su profunda preocupación por el surgimiento de radios sin autorización que no tienen nada que ver con los principios y objetivos de la Radiodifusión Comunitaria.

Decenas de radios en todo el país han comenzado a transmitir diciendo a sus oyentes que son comunitarias, cuando en realidad se trata de emisoras con fines religiosos, comerciales con fines de lucro e inclusive político partidarios.

AMARC ha venido registrando las quejas de nuestras propias emisoras asociadas, periodistas y otras personas de bien, acerca del surgimiento de estas iniciativas y el grave perjuicio que ocasiona a nuestros justos reclamos para que se reconozca el derecho a la libertad de expresión de la Sociedad Civil a través de las frecuencias de radio y TV.

Dirigentes políticos de diversos partidos, comerciantes, grupos religiosos y hasta dueños de emisoras autorizadas están montando radios con el propósito de lograr luego una regularización una vez que se apruebe la ley en estudio del Parlamento, embanderándose con el nombre de “radio comunitaria” para conseguir ese objetivo.

La discriminatoria forma de distribución de las frecuencias en nuestro país, la gran mayoría (aunque no todas) entregadas “a dedo” y con un llamado a interesados que todo el mundo sabía que tenía nombre y apellido de antemano es el origen de este problema. Esta injusticia ha generado la reacción de otras personas o empresas que, como las organizaciones y grupos sociales, también han visto cortadas sus posibilidades de acceder a sus frecuencias en igualdad de oportunidades y competir de igual a igual con los otros empresarios.

Estas personas también tienen derecho de competir con las emisoras existentes, si creen que tienen una propuesta mejor para hacer radio o TV, pero no deberían autodenominarse comunitarias. Habrá que cambiar la legislación o exigir que se hagan llamados específicos para radios comerciales, pero no mezclar las cosas.

Su presencia y su discurso están generando una gran confusión en la opinión pública, en especial en los departamentos del Interior del país, que comienza a pensar que “radio comunitaria” es igual a “radio ilegal”, cuando en realidad la mayoría de las emisoras que están trasmitiendo sin permiso no tienen nada de comunitarias.

Ni cortos ni perezosos, los gremios de los medios comerciales han estado utilizando esta situación para impedir la aprobación de una Ley de Radiodifusión Comunitaria. Meten en la bolsa a todo el mundo y exigen que se reprima a todos por igual.

Muchos empresarios dicen que estos medios hacen competencia desleal contra ellos. Si es así, hay que solucionarlo. AMARC acepta el reto: nada de competencia desleal. Ni para un lado ni para el otro.

Y para eso, lo primero es tener una ley, para dejar claro quien se está aprovechando de la situación y quien realmente quiere tener un medio de expresión y comunicación. Una ley que garantice igualdad de oportunidades en cuanto a derechos y obligaciones, tomando en cuenta las características particulares de cada sector (comunitario, comercial, estatal) en cuanto a los objetivos y prácticas que desarrollan, pero sin privilegios.

Los empresarios de la radiodifusión que quieren y apuestan a sus emisoras, que invierten y arriesgan su capital, que contratan personal de la localidad, hacen periodismo y generan contenidos de carácter local en sus medios, no tienen nada que temer de los verdaderos medios comunitarios. Con ellos imaginamos más puntos de acuerdo que de desacuerdo, y la misma pasión de hacer radio.

A estos medios no les preocupa la competencia pues están conscientes del lugar que ocupan en su localidad, ganado con esfuerzo y creatividad, a diferencia de muchos colegas que viven de las rentas del arriendo de las frecuencias que recibieron como regalo, o que solo repiten la programación de otras radios (las más de las veces de Montevideo) o apenas tienen una computadora para pasar música.

No metemos tampoco a todos los empresarios en la misma bolsa: son estos últimos, y no todos, los que están pidiendo a gritos que les protejan su “mercado”, malacostumbrados a hacer siempre lo que quisieron.

AMARC defiende el legítimo derecho de todo uruguayo y toda uruguaya a ejercer la libertad de expresión a través de cualquier medio de comunicación, tal como lo reconoce nuestra Constitución, las leyes nacionales y los convenios internacionales firmados por Uruguay. Y ha denunciado a nivel nacional e internacional la forma cómo es utilizada la legalidad en nuestro país para discriminar a la mayoría de la población y beneficiar a algunos empresarios o amigos de ciertos gobiernos.

Pero también ha rechazado y rechaza el uso irregular de las frecuencias con fines de lucro, políticos y religiosos, y se ha mostrado inflexible cuando se producen interferencias contra emisoras instaladas. AMARC no avala estas prácticas reñidas con principios mínimos de buen uso del espectro y por el cual Uruguay ha asumido compromisos internacionales. El reclamo de un derecho no puede ser usado como pretexto para afectar el derecho de los demás.

AMARC jamás ha levantado la bandera de la ilegalidad como un principio. Ha trabajado y se ha desarrollado sobre la base de la legitimidad de nuestras prácticas comunicacionales y ha realizado enormes esfuerzos para que se las reconozca y garantice en nuestro marco normativo, para no quedar bajo la discrecional voluntad de ningún gobierno. Muestra fehaciente de ello es nuestro aporte desde 1998 a las bases para una nueva legislación que se ha plasmado en el proyecto de ley que presentara la bancada oficialista en el Parlamento.

En relación a los contenidos de este proyecto, AMARC recuerda que una emisora comunitaria no se define por su ilegalidad, por su potencia, si es chica o grande, o si pasa o no pasa publicidad, pues no es aceptable el establecimiento de límites previos al ejercicio de un derecho fundamental. A un periódico comunitario jamás se le exigiría previamente tener una determinada cantidad de páginas, no poner avisos para sostenerse o limitar su distribución a determinado barrio de la capital. ¿Por qué a una radio, que es lo mismo, aunque usando las ondas radioeléctricas en lugar d el papel, sí se le puede limitar de esa manera?

Una radio o TV comunitaria:

+ tiene como fin el ejercicio de la libertad de información y de expresión (de una comunidad territorial o de intereses),

+ es de propiedad colectiva de un grupo u organización social (no puede haber un dueño individual),

+ es de gestión participativa (debe asegurar la plena participación de la comunidad a la que servirá),

+ no tiene fines de lucro (aunque no tiene fines de pérdida y debe contar con recursos para sobrevivir, reinvirtiendo todo lo que ingresa en el propio medio) y

+ es independiente y pluralista (no hace proselitismo religioso o partidario).

Volviendo al principio de esta Carta Abierta, afirmamos que la única forma democrática y sostenible de evitar los abusos que motivan nuestra preocupación y de los gremios empresariales es lo que reclama AMARC y otras organizaciones como los periodistas nucleados en APU, el PIT-CNT, la Universidad de la República y organizaciones de derechos humanos como IELSUR e ISODE: aprobar una ley que garantice estos derechos, llene el vacío legal existente hasta el momento y permita reglas transparentes y justas de otorgamiento de frecuencias, limitando la discrecionalidad que se ha aplicado hasta ahora.

La experiencia y las recomendaciones internacionales muestran que ése es el camino por recorrer. Estamos todavía a tiempo de evitar un caos en el espectro como pasa en países cercanos y de corregir limitaciones que tiene nuestra legislación para garantizar el pleno ejercicio del derecho a expresarse.

Por eso apelamos a los Sres Legisladores y las Sras Legisladoras a que aceleren el trámite parlamentario del proyecto de ley sobre Radiodifusión Comunitaria y lo aprueben a la brevedad, sin avalar cambios que generen discriminación en el uso de este recurso y limiten la libre competencia.

Date: 07/19/2006
Location: Uruguay
Theme: Libertad de expresión, Legislación y regulación
Source: boletín informativo de AMARC
Contact: AMARC

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